56% de las personas consultadas para la encuesta tiene discapacidad físico-motora, un 18% intelectual, un 9.8% visual, un 7.6% auditiva y en menor grado psicosocial y múltiple. En el país existen unas 708,597 personas que padecen de algún tipo de discapacidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2013). Foto: Armando Larrauri para PNUD R. D.

Santo Domingo.- El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) realizaron la encuesta “Situación COVID-19 y personas con discapacidad en República Dominicana”, con el objetivo de obtener información y datos, para crear soluciones más ajustadas a la realidad de las personas con discapacidad en la transición a la nueva normalidad o covidianidad.

La encuesta online fue realizada durante 10 días en abril y tuvo una participación de 421 personas con discapacidad mayores de edad viviendo en República Dominicana. La encuesta arrojó resultados importantes que abren un espacio de reflexión y acción para el desarrollo de medidas diferenciadas para personas con discapacidad. (Click aquí para ver más datos de la encuesta)

Ruth Fernández, asesora en inclusión y derechos humanos del PNUD, señala que el 56% de los consultados para la encuesta tiene discapacidad físico-motora, un 18% intelectual, un 9.8% visual, un 7.6% auditiva y en menor grado psicosocial y múltiple. En el país existen unas 708,597 personas que padecen de algún tipo de discapacidad, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2013).

Entre los principales hallazgos de la encuesta destaca que el 70% informó que conoce los canales de comunicación oficiales y donde obtener información sobre COVID-19, pero el 67.4% dijo no haber recibido informaciones con recomendaciones específicas para personas con discapacidad, y el 78.4% desconoce medidas, programas o iniciativas puestas en marcha por el Estado que tomen en cuenta a estas personas.

Con respecto a las necesidades frente al COVID-19, el 32.3% de los encuestados señaló la necesidad de contar con apoyo psicológico durante la pandemia.  Adicionalmente, el 69.9% afirmó no tener medios necesarios para sobrevivir en casa durante un mes y el 63.7% necesita apoyo de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria. Estos datos ponen de manifiesto el riesgo de seguridad alimentaria y la necesidad específica de las personas con respecto a su autonomía.

Las personas respondieron que entre los servicios que se espera les sean garantizados por el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, se encuentran: mejores mecanismos para proporcionar atención médica, apoyo económico, mecanismos accesibles para solicitar ayuda, entrega a domicilio de medicamentos, acceso a servicios habituales como certificación de discapacidad, apoyo psicológico, acceso a servicios habituales de dispositivos de apoyo e información en formatos accesibles.

El 45.8% de las personas encuestadas es económicamente activa y un 28.0% afirma haber sufrido una reducción de salario. Además, el 28% perdió su trabajo temporalmente y 23.6% perdió su trabajo de forma permanente por la situación del COVID-19. Estas cifras muestran la fragilidad laboral y económica de esta población a causa de la pandemia.

Por otra parte, el 17% afirma que su derecho a la salud, a servicios públicos y al trabajo han sido violados y un porcentaje reducido pero importante (5.4%) afirma sufrir algún tipo de maltrato o violencia. Al desagregar por sexo fueron más mujeres que hombres las que sufrieron maltrato. Además, el 25% de las personas no han podido continuar con sus tratamientos médicos, ni acudir a un centro de salud por el COVID-19.

Las medidas de emergencia y recuperación del COVID-19 deben guiarse por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Es imprescindible que las personas con discapacidad estén en el centro, participando como agentes de planificación e implementación. Todas las acciones relacionadas con COVID-19 deben evitar cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad y tener en cuenta las intersecciones de género y edad. Solo así se puede lograr la promesa central de «no dejar a nadie atrás».


Toda la información se puede obtener en la plataforma online de visualización de datos creada con los resultados de la encuesta. Los datos se presentan a través de una herramienta interactiva que permite ampliar información usando las diferentes categorías y filtros creados.

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