Santo Domingo. La Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron el primer "picazo" para el inicio de la construcción del edificio sede de la institución nacional que contribuye a la defensa de los derechos de las personas.

“La intención es dejarle al pueblo lo que le pertenece, una sede propia donde cada persona que acuda a llevar su queja se sienta en su casa, cómodo, atendido y acogido”, dijo la doctora Zoila Martínez durante su discurso.

De su lado, Inka Mattila afirmó que para el PNUD es de vital importancia que en el país existan instituciones como el Defensor del Pueblo: sólida, que garantiza la defensa de los derechos de las personas y que brinda hospitalidad.

La construcción del edificio se llevará a cabo con recursos propios del Defensor del Pueblo, los cuales fueron transferidos al PNUD, fondos estos que fueron ahorrados del presupuesto asignado a la institución.

El proyecto que se realiza con el PNUD abarca la construcción, compra y equipamiento de infraestructuras físicas para el edificio de la sede central en el Distrito Nacional y la oficina regional de Santo Domingo Este.  

En el acto, la doctora Zoila Martínez Guante, defensora del pueblo y la señora Inka Mattila, representante residente en el país del PNUD, dieron el primer picazo de la obra.

Ubicación

El solar que alojará la sede del Defensor del Pueblo está ubicado en la Avenida 27 de Febrero, #526 entre la calle Caonabo y la Avenida Privada. Sector Los Restauradores.

Presupuesto

El total de los fondos que el Defensor del Pueblo transfirió al PNUD es de RD$ 314,906,828.80 (tres cientos catorce millones de pesos, novecientos seis mil, ochocientos veintiocho con ochenta centavos).

Costo estimado a invertir para la construcción de la sede central y la adquisición de 15 locales para adecuación de oficinas en quince (15) provincias del país.

Sobre el Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo tiene como rol, establecido en la Ley 19-01 y la Constitución: contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas frente a las acciones u omisiones ilegales o arbitrarias del sector público, de los prestadores privados de servicios públicos y de los intereses colectivos y difusos.