Entidades presentaron estudio sobre la participación política y el acceso a la justicia de las mujeres

23-may-2018

El representante residente del PNUD, Lorenzo Jiménez de Luis, resaltó la importancia de la paridad para lograr una representación equitativa en los puestos políticos. Foto: Fréderic Reynoso para PNUD R.D.

Santo Domingo, R.D.- La Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentaron el estudio: Más Mujeres, Más Democracia: Desafíos para la Igualdad de Género en la Política, realizado por Rosario Espinal y Sergia Galván, basado en la participación política y el acceso a la justicia contenciosa electoral de las mujeres en las elecciones generales de República Dominicana del 2016.

Los datos analizados sobre los resultados electorales del 2016 muestran que históricamente los partidos, al igual que otras instituciones, se han caracterizado por ser organizaciones sexistas, donde las mujeres juegan un papel secundario. La resis­tencia de los partidos a integrar equitativamente a las mujeres se demuestra en que muchos partidos en América Latina no tienen información precisa sobre su militancia por sexo, la proporción de mujeres en los organismos directivos es baja, los hombres en las direcciones de los partidos no favorecen o bloquean el ascenso de las mujeres y los recursos se utilizan más para financiar a los hombres que a las mujeres.

El poder masculino en las estructuras partidarias se evidencia claramente en el caso do­minicano con las posiciones de dirección de los partidos políticos. Casi todos los presi­dentes y secretarios generales de partidos políticos son hombres. De 26 partidos polí­ticos registrados en la JCE para las elecciones de 2016, solo uno lo preside una mujer y únicamente en dos hay una mujer ocupando la secretaría general.

El menor porcentaje de mujeres nominadas se registró en las Senadurías con solo 13%, alcaldías con 16.5% y en las direcciones de distritos municipales con el 16% de las nominaciones, posiciones en las cuales no se aplica la cuota y en algunas la alternancia. La mayoría de las postulaciones de mujeres se concentró en las Diputaciones, Vice- Alcaldías y Regidurías, donde se aplica la cuota o alternancia, y que fue donde más mujeres fueron electas. A mayor cantidad de mujeres postuladas, mayor cantidad de mujeres electas.

Asimismo, la Ley de cuotas mínimas de nominaciones de mujeres en cargos electorales ha permitido tanto en la región de América Latina y el Caribe, y en nuestro país el aumento progresivo de mujeres electas a cargos de toma de decisión. En el país la mayor representación de las mujeres en cargos principales se ha logrado en las ins­tancias donde se utiliza el sistema proporcional de elección: diputaciones y regidurías.

El tamaño de la circunscripción también muestra un impacto en la cantidad de nominación de mujeres, la cuota fue más efectiva en circunscripciones más grandes.  Asimismo, mientras más grande es un partido y más nominaciones presenta, mayor probabili­dad existe de que se incorporen más mujeres.

El estudio también comprobó que contrario a la idea generalizada de que la ciudadanía no vota por las mujeres, en las pasadas elecciones en las 19 provincias donde se eligieron mujeres diputadas, el promedio general de votos es mayor para las mujeres que para los hombres con 8,957 y 8,824 respectivamente. Además, en 8 de estas 19 provincias las mujeres obtuvieron, en promedio, mayor cantidad de votos que los hombres, lo que indica que las mujeres electas aportaron más votos a sus partidos que los hombres. .

Si bien la democracia necesita de la participación de las mujeres para ser mejor democracia, las mujeres necesitan la democracia para asegurar y expandir sus derechos y conquistas. De ahí que el acceso a las candidaturas y a la justicia electoral son derechos fundamentales para el avance de las mujeres en la política.

La vinculación entre justicia electoral y los derechos de las mujeres recién empieza a tener fuerza en la región. Se comprobó con esta investigación que las mujeres atraviesan muchos obstáculos para el acceso a la justicia electoral entre ellos el desconocimiento de normas internas de los partidos y los procedimientos contenciosos electorales; la carencia de abogados/as con conocimientos de legislación y jurisprudencia electoral para la defensa de las mujeres; limitaciones económicas, acoso y violencia.

El estudio también evidenció que la cuota y el compromiso de los órganos electorales con la igualdad de género son factores que favorecen el aumento y la participación de las mujeres en la política.

Entre las recomendaciones que se hacen en el documento, destacan la capacitación al personal electoral, a las directivas de los partidos políticos; a las mujeres de los partidos sobre normativas de elección internas de sus partidos y el funcionamiento del sistema de justicia electoral, para lograr una mayor repre­sentación política; impulsar redes de apoyo y acompañamiento a mujeres;  y fortalecer los mecanismos de igual­dad de género de la JCE y TSE que aseguren una mayor participación de las mujeres en los puestos de elección popular; y establecer un marco legal para garan­tizar la igualdad de representación en los cargos tanto electivos como de designación del Poder Ejecutivo a nivel nacional y municipal; entre otras.

De cara a la Agenda 2030 la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino que es la base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible.  Es por eso que una de las metas del ODS 5 sobre igualdad de género es “velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”.

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